Hablar hoy de economía en Cuba es hablar de la vida cotidiana. No hace falta explicar demasiado las estadísticas cuando una madre llega al mercado y descubre que el dinero ya no le alcanza para lo mismo, cuando un trabajador recibe su salario y comienza a hacer cuentas para decidir que necesidad puede resolver y cual tendrá que posponer.

La economía se siente en la mesa, en el bolsillo y en cada familia. Por eso, cuando hablamos de las 176 medidas adoptadas para enfrentar las distorsiones de nuestra economía, la pregunta fundamental no puede quedarse únicamente en cuánto se ha dispuesto, sino en cuánto de esas decisiones está llegando realmente al pueblo.

Una medida económica adquiere verdadero sentido cuando se traduce en resultados concretos: mayor orden, precios más justos, más producción, mejores servicios y protección para quienes viven de su trabajo.

Y aquí debemos hablar con respeto, pero también con claridad.

Las dificultades económicas no pueden convertirse en una licencia para el abuso. Una cosa es enfrentar la escasez, los altos costos y las complejidades de producir y comercializar en las actuales circunstancias; otra muy diferente es aprovecharse de la necesidad de las personas para especular, acaparar, alterar precios o incumplir las regulaciones.

No es justo que quien cumple termine en desventaja frente a quien viola las normas. Tampoco es justo que el consumidor tenga que asumir silenciosamente cada irregularidad porque siente que reclamar no servirá de nada.

Defender al pueblo también significa enfrentar esas realidades.

Cuba necesita a sus productores, a sus trabajadores por cuenta propia, a sus emprendedores y a todos los actores económicos que aportan, generan empleo y buscan soluciones. No se trata de cuestionar a quien trabaja honestamente. Se trata de separar al que produce y aporta de quien convierte la necesidad colectiva en una oportunidad para enriquecerse a costa de otros.

También necesitamos instituciones capaces de controlar, pero sobre todo de responder. Porque de poco sirve establecer una regulación si no existe seguimiento a su cumplimiento. De poco sirve proteger al consumidor si este desconoce dónde reclamar o siente que su denuncia quedará sin respuesta.

La confianza también forma parte de la economía. Y la confianza se construye cuando el ciudadano comprueba que las normas se cumplen, que las violaciones tienen consecuencias y que las instituciones están presentes allí donde están los problemas.

Ser revolucionario también significa tener la capacidad de reconocer lo que está mal y transformarlo. No debemos confundir unidad con silencio ni compromiso con conformismo. Una Revolución que escucha a su pueblo, que atiende sus preocupaciones y que corrige sus errores no se debilita: se fortalece.

Porque hoy la economía duele. Duele en el salario, en los precios, en la mesa y en las decisiones que cada familia tiene que tomar para llegar al final del mes.

El pueblo cubano ha demostrado una enorme capacidad para resistir, trabajar y buscar alternativas. Pero resistir no significa aceptar cualquier cosa. El ciudadano tiene derecho a reclamar, a preguntar y a exigir que las medidas adoptadas se cumplan.

Las 176 medidas deben ser más que disposiciones escritas. Deben convertirse en herramientas para corregir las distorsiones y proteger a quienes más sienten el peso de la situación económica. Porque al final de cada decisión económica hay una persona. Está la madre, el padre, el trabajador, el jubilado, el joven, la familia. Y ellos no son una cifra.

Hablar de economía es hablar de la vida de la gente. Y defender a la Revolución también significa defender que esa vida sea cada día más digna.