Más de 200 días después de la operación Tormenta de Al-Aqsa, sin precedentes y revolucionaria, el régimen israelí se encuentra en aguas más turbulentas, mirando cada vez más a la nada.

Por: Shabbir Rizvi

El régimen ocupante no ha podido lograr ninguno de sus objetivos militares en Gaza. Por otro lado, el Eje de Resistencia ha podido arrinconarlo con una resistencia feroz e indomable del Líbano, Irak, Yemen y, por supuesto, la República Islámica de Irán.

En todo el mundo, la imagen del régimen de Tel Aviv, y sí, de la propia sociedad colonial israelí, ha quedado hecha jirones. Y las cosas siempre pueden empeorar, especialmente para los culpables.

Ahora, la Corte Penal Internacional (CPI) ha entrado en acción, planteando la posibilidad de emitir órdenes de arresto para el primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, así como para otros funcionarios del régimen israelí, con graves cargos de crímenes de guerra contra los palestinos en Gaza.

Las acusaciones son lo suficientemente graves como para que el principal respaldo político, económico y militar de Israel, Estados Unidos, condene al mismo tribunal que alguna vez elogió como justo e indispensable.

La relación de Israel con la CPI estuvo plagada de problemas desde el principio en 2001. La ocupación desde el principio se opuso al establecimiento de la corte debido a sus definiciones de crímenes de guerra y lo que puede constituir conducta criminal.

Fue brevemente parte del Estatuto de Roma (entidades que firmaron para ratificar y reconocer la CPI), pero en 2002 el régimen decidió cortar completamente sus vínculos con la corte.

Según un comunicado de prensa de la ONU sobre el establecimiento de la CPI y quienes votaron a favor y en contra, “Israel ha emitido un voto negativo a regañadientes. No comprende por qué se ha considerado necesario incluir en la lista de los crímenes de guerra más atroces y graves la acción de trasladar población al territorio ocupado”.

Poco después de esta declaración, Israel rechazó la CPI y ya no es parte que la apoya.

Desde el 7 de octubre del año pasado, más de 34 500 palestinos han sido masacrados por Israel —y cientos de miles más han sido desplazados— la mayoría de ellos mujeres y niños.

Se han documentado numerosos crímenes de guerra cometidos por soldados israelíes, que incluyen torturas a palestinos, bombardeos indiscriminados de barrios enteros y, más recientemente, el descubrimiento de fosas comunes en los hospitales Al-Shifa y Al-Nasser, —con muchos cadáveres atados a manos y con equipo médico— lo que implica la ejecución sistemática del personal médico.

La posibilidad de una acusación formal de crímenes de guerra ante la CPI ha provocado oleadas de pánico y miedo en el régimen de Tel Aviv, específicamente en la coalición extremista gobernante encabezada por Netanyahu.

Según medios sionistas, después de que surgiera la noticia de la posibilidad de órdenes de arresto, Netanyahu entró en pánico y comenzó a hacer llamadas telefónicas, específicamente a Washington.

Para los no iniciados, cualquier país que sea miembro reconocido de la CPI debe hacer todo lo posible para entregar a Netanyahu y otros funcionarios israelíes si son acusados. Viajar a estos países sería imposible para los funcionarios del régimen israelí acusados, y el hecho de que posibles futuros funcionarios israelíes no liberaran a los acusados ​​bajo custodia podría dar lugar a más cargos.

Según se informa, los medios de comunicación sionistas citaron a un funcionario israelí diciendo: “¿Dónde está [el presidente estadounidense Joe] Biden? ¿Por qué está callado mientras Israel potencialmente será arrojado debajo del autobús?”

Claramente, el régimen confía en la (declinante) hegemonía política de Estados Unidos para influir en una decisión judicial que supuestamente es representativa de todas las naciones del mundo.

El primer ministro israelí ya está bajo fuego de los colonos en los territorios ocupados: las protestas semanales contra su régimen se contaban por miles mucho antes del inicio de la Tormenta de Al-Aqsa.

Las ofensivas genocidas, ha provocado en parte de la sociedad colonial de colonos condenas [contra Netanyahu] por no haber devuelto a los cautivos israelíes, todo mientras los funcionarios israelíes insisten en que si no logra atacar Rafah —con o sin acuerdo sobre cautivos— será derrocado.

La administración Biden no se tomó tiempo para condenar los posibles cargos, criticando a un órgano internacional al que alguna vez elogió por emitir un cargo similar contra el presidente ruso, Vladímir Putin

La hipocresía quedó al descubierto para que todos la vieran: cuando la CPI actúa a favor de los intereses imperialistas, Washington la elogia como un órgano justo. Cuando la CPI actúa contra sus intereses, los funcionarios estadounidenses citan a funcionarios israelíes casi palabra por palabra: “Como hemos dicho públicamente muchas veces, la CPI no tiene jurisdicción en esta situación y no apoyamos su investigación”.

La portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores ruso, María Zajárova, recurrió a Telegram para señalar la hipocresía estadounidense: “… el sistema político estadounidense no reconoce la legitimidad de esta estructura [CPI] en relación consigo misma o con sus satélites”.

El Congreso de Estados Unidos actuó directamente para amenazar a la CPI por su posible orden de arresto. El presidente de la Cámara de Representantes, Mike Johnson, pidió a Joe Biden y su administración que “exijan de manera inmediata e inequívoca que la CPI se retire” y “utilicen todas las herramientas disponibles para prevenir tal abominación”.

El duro lenguaje empleado demuestra que los imperialistas estadounidenses están tan aterrados como sus homólogos del régimen israelí.

Dado que la CPI está desafiando ahora el proyecto colonial estadounidense en Asia Occidental, Washington ha subido la apuesta para desacreditar completamente a la CPI utilizando dos estrategias: la primera es desacreditar la jurisdicción de la CPI en Palestina.

La principal defensa de Estados Unidos radica en que Israel no es signatario de la CPI en primer lugar, por lo que cuestiona legalmente la jurisdicción de la corte. Esta es una defensa que ha utilizado varias veces a lo largo de los años cada vez que la CPI ha desafiado a Israel.

En 2021, la administración Biden emitió una declaración similar a la de esta semana, condenando cualquier investigación sobre lo que llama la “situación palestina” por parte de la CPI.

Tenga en cuenta que Estados Unidos está utilizando específicamente a Israel como no signatario como método para desacreditar a la CPI. De hecho, Palestina es signataria del Estatuto de Roma. La CPI aceptó al “Estado de Palestina” como miembro en 2015.

Esto hace aún más interesante que Estados Unidos haya elogiado a la CPI por acusar a Putin de crímenes de guerra (de una naturaleza completamente diferente a la de Netanyahu). Rusia tampoco firmó el Estatuto de Roma, al igual que Israel.

Sin embargo, uno de ellos tiene jurisdicción de la CPI y el otro no. ¡La hipocresía estadounidense no tiene límites!

La segunda estrategia se recurriría a la hora de la verdad. Si la CPI persiste en perseguir a Israel y, de hecho, si acusa a funcionarios israelíes de crímenes de guerra, Estados Unidos actuará para convencer a otros países de romper con el Estatuto de Roma.

El representante Brad Sherman afirma: “Tenemos que pensar en hablar con algunos de los países que han ratificado [el tratado] para saber si quieren apoyar a la organización”.

Hay muchos aliados de Estados Unidos o regímenes satélites que han firmado el Estatuto de Roma. La CPI en la era cumbre de la hegemonía estadounidense no fue prácticamente cuestionada por el Occidente colectivo. Estados Unidos podría disfrutar de su estatus de potencia hegemónica y utilizar la CPI como ejecutor de su propio “orden basado en reglas”.

Sin embargo, a medida que se han agudizado las contradicciones entre Estados Unidos y el resto del mundo, la hegemonía que alguna vez tuvo ahora se está desmoronando. Aunque la CPI está lejos de ser la respuesta para establecer justicia para Palestina, el hecho mismo de que haya sido cuestionada por Estados Unidos demuestra el declive de su estatus como líder y potencia mundial.

Fue hace casi exactamente un año cuando la CPI emitió una orden de arresto contra Putin y todos los funcionarios estadounidenses aplaudieron la decisión. Ahora están horrorizados. ¿Qué cambió durante este tiempo?

El comportamiento espantoso, desenfrenado y abiertamente genocida del régimen israelí —apoyado además sin reservas por la clase dominante estadounidense— ha abierto una brecha entre lo que se considera una norma internacional y lo que exige el imperialismo global.

Las mismas instituciones que alguna vez impuso Estados Unidos ahora se ven obligadas lentamente a una introspección. ¿Existe alguna legitimidad para una institución que impone la voluntad de una potencia hegemónica impopular, fuera de control y en decadencia?

* Shabbir Rizvi es un analista político radicado en Chicago especializado en seguridad interna y política exterior de Estados Unidos.

Tomado de HispanTV