Caracas, El Ministerio Público de Venezuela calificó hoy de vergonzosa la repuesta de la Corte Suprema de Justicia de El Salvador sobre una solicitud de intervención en defensa de los 252 migrantes nacionales secuestrados en ese país centroamericano.

La demanda de la República Bolivariana fue enviada el 30 de marzo pasado y la respuesta del ente salvadoreño llegó más de 80 días después por vía electrónica, indicó en un comunicado la Fiscalía.

El órgano venezolano, comprometido con los derechos humanos, rechazó “la maniobra dilatoria y evasiva de la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia de El Salvador”.

Denunció que, mediante este pronunciamiento, “pretende desentenderse de su responsabilidad constitucional de proteger la libertad y la integridad personal de los 252 ciudadanos venezolanos enviados desde Estados Unidos a ese territorio” y detenidos allí sin haber cometido ningún delito.

La Corte del país centroamericano “declara improcedente nuestra intervención”, al alegar que la comunicación enviada no cumple con los requisitos legales y formales establecidos, ni se realizó por los canales diplomáticos adecuados, indicó.

Sobre el habeas corpus presentado por un grupo de abogados que representan a las víctimas, la entidad judicial salvadoreña señaló que los solicitantes “no proporcionaron información precisa sobre los hechos alegados, las autoridades responsables, ni las razones concretas que justifican la vulneración de derechos constitucionales”.

Con este paso -expuso el Ministerio Público bolivariano- se niega a atender nuestra solicitud, mientras que, por otra parte, optó “por no analizar los hechos ni entrar al fondo del habeas corpus realizado por los abogados”.

Para ello, apuntó, se escudó en “una serie de formalismos falaces y exigencias desproporcionadas, con el único objetivo de evadir su deber constitucional de control sobre la privación ilegítima de libertad”.

Manifestó que la Sala no solo se hace la desentendida, sino también cómplice de esta aberración jurídica, al pedir a los defensores si “realmente” los ciudadanos están detenidos.

La Fiscalía venezolana afirmó que, como institución garante de la legalidad, no aceptará que “se someta a personas a detenciones arbitrarias, incomunicaciones, traslados forzados o privaciones de libertad sin juicio, sin defensa, sin debido proceso y sin siquiera saber por qué están presas ni dónde están”.

También descartó aceptar que “se legitimen desapariciones forzadas bajo pretextos formales”.

Con la respuesta, el Estado salvadoreño optó por eludir su responsabilidad y negar toda cooperación, no solo con Venezuela, sino con los principios más básicos del Derecho Internacional de los Derechos Humanos, y aseveró ocurre a la vista de organismos multilaterales y bajo el silencio cómplice de quienes dicen defender los mismos.

Tomado de PL