Hay algo que me preocupa de la Cuba de hoy. Y no es solamente que los precios hayan subido. Es que poco a poco podemos estar acostumbrándonos a justificarlos. Nos dicen: oferta y demanda. Y es verdad. En una economía, la oferta y la demanda influyen en los precios. Nos dicen: los costos de importación aumentaron. También es verdad.

Nos hablan de transporte, divisas, inflación, proveedores, impuestos, salarios, logística…Todo puede tener una explicación económica. Pero hay una pregunta que no podemos dejar fuera: ¿Qué un precio pueda explicarse significa que necesariamente podemos justificarlo?.

Pensemos en algo tan cotidiano como el aceite. ¿Cuánto cuesta? Pero, sobre todo: ¿Cuánto representa ese precio para una persona que vive exclusivamente de su salario? Porque aquí está una de las contradicciones que tenemos delante. Estamos transformando nuestra economía.

Las MIPYMES tienen hoy un protagonismo que hace algunos años prácticamente no tenían. Han entrado en sectores y espacios donde antes predominaba la gestión estatal. Restaurantes, cafeterías, establecimientos gastronómicos, servicios…

Incluso espacios que forman parte de nuestra memoria colectiva comienzan a funcionar bajo nuevas formas de gestión. Y eso no es necesariamente malo. Sería absurdo desconocer lo que los actores privados pueden aportar: inversión, empleo, productos, servicios, dinamismo.

El problema comienza cuando confundimos libertad económica con ausencia de responsabilidad social. Porque si el mercado gana espacio, alguien tiene que preguntarse: ¿Quién protege al consumidor? ¿Quién vigila que exista competencia real? ¿Quién evita posiciones abusivas? ¿Quién garantiza que determinados bienes y servicios esenciales no se conviertan en privilegios para quienes tienen mayores ingresos?

Y, sobre todo: ¿Quién se ocupa de que el salario conserve algún vínculo con el costo de vivir? Porque podemos hablar todo el día de mercado. Pero el trabajador no cobra su salario en porcentajes de oferta y demanda. Cobra en dinero. Y con ese dinero tiene que comprar alimentos, pagar transporte, vestir a sus hijos, resolver medicamentos, mantener una casa y, si puede, reservar algo para cualquier imprevisto. Por eso me parece insuficiente decirle al pueblo que un producto está caro porque «así funciona el mercado». No.

Eso explica una parte del problema. Pero no resuelve el problema social. Se han anunciado 176 medidas para enfrentar la compleja situación económica. Y creo que como sociedad tenemos derecho a preguntar: ¿Qué están cambiando realmente esas medidas en la vida cotidiana? No solamente en las estadísticas. No solamente en los balances empresariales. En la mesa de la familia. En el bolsillo del trabajador. En el precio de la comida. Porque una política económica también tiene que medirse por su impacto social. Y aquí quiero ser clara: No estoy diciendo que las MIPYMES sean culpables de todos nuestros problemas. Tampoco estoy diciendo que el Estado deba regresar a administrar absolutamente todo.

Estoy diciendo algo mucho más sencillo: Si estamos construyendo una economía con mayor participación de diferentes actores, entonces también necesitamos reglas más claras, competencia efectiva, transparencia y una política de protección al consumidor. Porque una sociedad socialista puede utilizar mecanismos de mercado. Lo que no puede perder es el sentido de la justicia social. Y quizás ahí está el verdadero desafío. No se trata de escoger entre Estado o mercado. Se trata de determinar qué cosas puede resolver el mercado y cuáles nunca deberían quedar únicamente en sus manos. Porque cuando el mercado gana espacios, el Estado no puede desaparecer. Tiene que cambiar su manera de actuar. Tiene que regular. Tiene que controlar. Tiene que corregir. Tiene que proteger. Y, cuando una política no produce los resultados esperados, tiene que tener la valentía de reconocerlo y rectificar.

Porque el pueblo no necesita que le expliquemos eternamente por qué algo cuesta caro. Necesita saber cuándo volverá a poder pagarlo. Y esa diferencia es enorme. Por eso vuelvo al aceite. No me interesa solamente saber cuánto cuesta una botella. Me interesa saber cuántas horas de trabajo necesita hoy un cubano para comprarla. Porque ahí dejamos de hablar simplemente de precios. Empezamos a hablar de desigualdad. Y entonces la pregunta deja de ser económica. Se convierte en política. Se convierte en social. Se convierte en revolucionaria: ¿Estamos construyendo una economía que solamente sea capaz de producir precios, o una economía capaz de garantizar que el pueblo pueda vivir dignamente?