«La normalización de la coacción económica unilateral erosiona el orden jurídico internacional, debilita la instituciones multilaterales e inflige un sufrimiento inaceptable a la población civil», afirmaron los expertos.

Justo cuando llegaban a la bahía de La Habana dos buques de la Marina mexicana con ayuda para el pueblo cubano, comenzaba a circular un comunicado de prensa especial de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos sobre el rechazo de expertos de dicho organismo a la orden ejecutiva emitida por el presidente de los Estados Unidos el 29 de enero de 2026, en la que se declara una supuesta emergencia nacional y se autoriza la imposición de aranceles comerciales a las exportaciones de petróleo de terceros países a Cuba.

Dicha orden, a decir de los especialistas, constituye una grave violación del derecho internacional y una seria amenaza para un orden internacional democrático y equitativo. También afirman que se trata de una forma extrema de coacción económica unilateral con efectos extraterritoriales, mediante la cual los Estados Unidos tratan de ejercer presión sobre el Estado soberano de Cuba y obligar a otros Estados soberanos a modificar sus relaciones comerciales legítimas bajo la amenaza de medidas punitivas.

En otras palabras, y como han denunciado miles de voces, partidos, gobiernos, instituciones, organizaciones y movimientos sociales, esta nueva agresión imperialista es cruel, es genocida y emula las tácticas más bárbaras y despiadadas que se han implementado a lo largo de la historia con el fin de someter, doblegar y arrasar naciones.

Tan lamentable como que Estados Unidos mienta y genere pretextos falsos para justificar esta orden ejecutiva es que no escondan sus verdaderas intenciones ni sientan el más mínimo remordimiento por los miles de niños y ancianos víctimas de esta infame agresión.

Calificar a Cuba de «amenaza inusual y extraordinaria» para la seguridad nacional de los Estados Unidos y acusar al país de apoyar a «grupos terroristas transnacionales» carece de credibilidad y parece diseñado para justificar el uso de poderes extraordinarios y coercitivos, afirman los expertos del mencionado organismo internacional, quienes subrayaron que, en ausencia de la autorización del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, la orden ejecutiva no tiene base en la seguridad colectiva y
constituye un acto unilateral incompatible con el derecho internacional.

«Un orden internacional democrático no puede conciliarse con prácticas en las que un Estado reclama la autoridad para dictar las políticas internas y las relaciones económicas de otros mediante amenazas y coacción», prosigue el texto, en el que se lee que el combustible es indispensable para la
generación de electricidad, los sistemas de agua y saneamiento, los hospitales, el transporte público y la producción de alimentos, incluyendo el riego, la cosecha, la refrigeración y la distribución.

Privar a un país de combustible es condenarlo a la muerte, a las enfermedades, a una agonía lenta y a un sufrimiento prolongado; sin embargo, por muy cruel que sea el método, para algunos es un remedio
efectivo, algo así como: “el fin justifica los medios”.

Por eso es inmenso el rechazo de la comunidad internacional; y aunque algunos pocos se prestan al juego por ser cipayos del imperio y otros callan por miedo, sin saber que el lobo devora a las ovejas una tras otra, las personas con dignidad se solidarizan con el pueblo cubano.

Con acciones diversas, dentro de las posibilidades —como la de los mencionados expertos que pidieron al Gobierno de los Estados Unidos que revocara inmediatamente la orden ejecutiva y dejara de utilizar medidas económicas extraterritoriales—, el mundo muestra su condena a esta criminal política y evidencia que Cuba no está sola.

Como concluye el informe en cuestión: «La normalización de la coacción económica unilateral erosiona el orden jurídico internacional, debilita la instituciones multilaterales e inflige un sufrimiento inaceptable a la población civil», afirmaron los expertos. «La acción colectiva de los Estados es esencial para defender un orden internacional democrático y equitativo».

Tomado de Cubasi