Las redes sociales han llegado para quedarse. Su impacto en la vida cotidiana es innegable, y el periodismo no ha sido ajeno a esta transformación. Plataformas como Facebook, X (antes Twitter), Instagram y TikTok se han convertido en canales fundamentales para la difusión de noticias. Los medios tradicionales han adoptado estas herramientas para ampliar su alcance, interactuar con sus audiencias y adaptarse a los nuevos hábitos de consumo informativo. Sin embargo, esta revolución digital también ha traído consigo desafíos éticos, legales y profesionales que no pueden pasarse por alto.

Hoy, cualquier usuario con un teléfono inteligente y una cuenta en redes sociales puede compartir información en tiempo real, grabar un hecho noticioso o emitir una opinión que se viralice en minutos. En este contexto, muchos han asumido un rol casi reporteril, convirtiéndose en cronistas espontáneos de su entorno. Pero que alguien tenga miles de seguidores o publique contenido noticioso no lo convierte automáticamente en periodista. Aquí se abre una disyuntiva crucial: ¿dónde trazamos la línea entre el ciudadano digital activo y el profesional de la información?.

El periodismo no es solo contar lo que ocurre. Implica contrastar fuentes, verificar datos, contextualizar los hechos y asumir una responsabilidad ética frente a la sociedad. Los periodistas están sujetos a códigos deontológicos y estándares profesionales que no siempre aplican a los usuarios comunes. Cuando cualquier persona puede publicar sin filtros, el riesgo de desinformación, manipulación o sensacionalismo se multiplica. La viralidad no es sinónimo de veracidad.

Por eso, aunque las redes sociales han democratizado la producción de contenidos, también han diluido las fronteras entre información y opinión, entre hechos y rumores. En este nuevo ecosistema, los medios deben redoblar sus esfuerzos por diferenciarse, apostando por el rigor, la transparencia y la credibilidad. No se trata de competir con los usuarios, sino de ofrecer un valor añadido: el periodismo profesional como antídoto contra la posverdad.

En este escenario, la legislación también juega un papel clave. En el caso de Cuba, la Ley de Comunicación Social (Ley 162), aprobada en 2023 y en vigor desde octubre de 2024, representa un hito al ser la primera norma que regula de forma integral los procesos comunicativos en el país. Esta ley reconoce la comunicación como un bien público y estratégico, y establece principios como la veracidad, la ética y la responsabilidad. Sin embargo, también ha generado preocupación entre periodistas independientes y usuarios de redes sociales, quienes temen que su aplicación pueda derivar en mecanismos de control o censura, especialmente en un entorno donde la crítica al poder suele ser objeto de vigilancia.

Uno de los puntos más debatidos es que la ley no distingue claramente entre el ejercicio profesional del periodismo y la expresión ciudadana en redes. Esto plantea interrogantes sobre los límites de la libertad de expresión: ¿puede un ciudadano ser sancionado por publicar una denuncia en su perfil personal? ¿Qué criterios se usarán para determinar si un contenido es “veraz” o “responsable”? En un país donde el acceso a la información y la pluralidad de voces aún enfrentan restricciones, estas preguntas son más que pertinentes.

En definitiva, el periodismo en redes sociales es una realidad compleja y en constante evolución. Nos obliga a repensar los roles, las reglas y las responsabilidades en la era digital. Porque si bien todos podemos contar historias, no todos estamos preparados para ejercer el periodismo. Y en tiempos donde la información es poder, distinguir entre el ruido y la verdad es más importante que nunca.