Legalidad en los precios, con mano dura y ética

No es un secreto que tras el impacto de la Covid 19, y las afectaciones del bloqueo impuesto por el gobierno de los Estados Unidos a la nación antillana, la situación económica se ha complejizado. Hablar de desabastecimiento, es ver que la raíz de ese problema también recae en revendedores. El valor de muchos productos es abusivo y especulativo.

Teniendo en cuenta todo esto, el Consejo de la Administración (CAM),  del gobierno en Isla de la Juventud,  traza estrategias que aseguran el bienestar del pueblo. Más de 28 productos tienen precios concertados, y se trabaja fuertemente porque no se viole lo establecido.

Daraysi Tamayo, Directora de Finanzas y Precios en el Municipio Especial precisó que la resolución 329 del Ministerio de Finanzas y Precios establece la descentralización de productos. Facultad que se le otorga al CAM a realizar topes de precios en función de su comercialización en especial los agropecuarios.

“Conocemos por precios especulativos a aquellos cuyo crecimiento está por encima y hoy en el territorio si los hay.  Aunque es una prioridad velar por la legalidad de los productos agropecuarios, el tema de las confituras constituye una tarea inmediata para proteger a los niños”

En el Municipio Especial como en otras localidades del país, además de las ventas de garajes, las confituras adquieren precios elevados que no se corresponden con lo establecido en cuanto a gramaje para determinar su costo. De ahí que la Dirección de Inspección Municipal del gobierno, liderado por Marlenis Espinoza vele por el cumplimiento de lo establecido.

“Contamos con 15 supervisores en el territorio, y en la actualidad las multas ascienden de 8000 a 10 000 pesos en moneda nacional. Estas se deben a causa de precios concertados que se violan y la no actualización de las pizarras informativas”.

Este colectivo, nos asegura Marlenis además de la capacitación que recibe ante la nueva panorámica que se vive, realiza pesajes sorpresivos y un trabajo preventivo en el Municipio Especial. Este mes de octubre 27 multas fueron impuestas por calidad y violaciones de precios.

“Es un reto sobre todo con el pueblo que tiene el poder de denunciar lo mal hecho en el momento y así poder erradicar el mal de raíz. Esta tarea, la de garantizar la legalidad la debe garantizar los propios administrativos, calidad del producto y el correcto pesaje”.

Por su parte el Vice Intendente del Consejo de la Administración que atiende la esfera económica  José Luis Mangana Peralta enfatizó que se traba arduamente para que el precio se parezca más al momento.

“Se revisa la legalidad de los arrendamiento de los puntos de venta sobre todo en los mercados, estamos retomando la fiscalización y revisión de las fichas de costo para saber el valor real de su materias primas y valorar los precios que hoy circulan”.

Sin lugar a dudas, el control de precios en Cuba se respalda en decretos que otorgan a cada Municipio la particularidad de hacer valer la legalidad en dependencia de sus condiciones, y si bien el gobierno local traza estrategias, inspecciona y reúne con nuevos actores de la economía urge hacer cumplir esta política en bien del pueblo.

Que los pineros denuncien cuando se violente su derecho como consumidor puede ser parte del camino, pero más complejo es el lograr la justeza social, la conciencia ciudadana de que usted como pinero le vende a otros sin compasión productos de alto costo.

Sí, el desabastecimiento es real, el bloqueo económico también lo es, pero establecer un equilibrio de oportunidades es inminente porque muchos salarios no cubren la demanda de familias cuando la oferta, poca y solo en mercados y ventas de garaje constituye casi la única opción de adquirirlos.

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