Arrancó en 2020 un ciclo de lucha en Uruguay

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Montevideo  La reasunción en Uruguay de un gobierno de derecha en 2020, después de 15 años, abrió otro ciclo de lucha entre portadores de un antipopular proyecto de país restaurador y otro de preservación de conquistas sociales.

 

Gracias a una coyuntural coalición electoral, cinco partidos de afines signos políticos, Nacional, Colorado, Cabildo Abierto, Independiente y de la Gente consiguieron una ceñida mayoría para un nuevo parlamento que se instaló en febrero, con el Frente Amplio en la bancada opositora.

El 1 de marzo asumió la presidencia de la República el candidato del Partido Nacional, Luis Lacalle Pou, quien necesitó de sufragios de los otros asociados para vencer en balotaje por diferencia de 1,5 punto al adversario frenteamplista Daniel Martínez.

Tales circunstancias marcaron a lo largo del año un estilo de mando en extremo presidencialista con círculo de allegados, de contactos bilaterales y repartos de cuotas de cargos, sin que el énfasis discursivo puesto en la coalición pudiera soslayar larvadas contradicciones internas.

La primera e inmediata demostración de la política económica del nuevo gobierno fue el anuncio del ‘tarifazo’ que vendría a partir del 1 de abril en los servicios de agua, electricidad y telecomunicaciones a la población del 9,5 al 15 por ciento.

Para su pronta aplicación el Ministerio de Economía y Finanzas soslayó que el 13 de marzo la Presidencia declaró el Estado de Emergencia Sanitaria por la pandemia de la Covid-19 y pocos días después la confirmaron los primeros casos positivos en el país.

En lo estrictamente pandémico, las autoridades recibieron amplia aprobación incluida la del Frente Amplio, ya que adoptaron prontas y oportunas medidas como cierre de fronteras, suspensión temporal de actividades económicas y llamados a aislamientos de población de riesgo.

También supieron aprovechar el consolidado sistema integral de salud legado de los tres lustros previos de administración frenteamplista y los recursos humanos en ciencia desarrollados con los que encarar y contener inicialmente la Covid-19.

Sin embargo la coalición gobernante fue sorda a los reclamos del Frente Amplio y la Central sindical Pit-Cnt de otorgar una renta básica temporal a unos 200 mil trabajadores informales que quedaron sin ingresos, por el impacto económico de la pandemia, además de otros 100 mil en seguros de paro.

En medio de esta crisis sanitaria el dominante Partido Nacional siguió adelante sin discusión democrática, con su proyecto de Ley de Urgente Consideración (LUC) de casi 500 artículos, que más que una típica ley ómnibus de comienzo de mandato, para el Partido Comunista consiste en un programa de restauración conservadora neoliberal.

Contra las consecuencias adversas de gran parte de sus contenidos para las entidades públicas y los derechos ciudadanos se manifestó el Frente Amplio en el parlamento y se agitó el movimiento sindical y cerca de 100 organizaciones agrupadas en la Intersocial.

Adoptada la LUC en julio por mayoría derechista, con votos del FA en la mitad del articulado, se abrió una fase de lucha en pos de la recogida de firmas para un referendo revocatorio, sobre lo cual las fuerzas interesadas se debaten sobre si hacerlo para el conjunto de la legislación y solo para una parte de consensuado rechazo.

Para la formación política de izquierda la LUC tiene su correlato en el proyecto de Ley Presupuestal del quinquenio, sujeto desde su ingreso al Órgano Legislativo bicameral a fuertes polémicas, negociaciones y modificaciones antes de su adaptación en el último mes del año.

Fuera del debate en los hemiciclos, diversos gremios se movilizaron en manifestaciones y paros laborales para protestar los recortes presupuestales en áreas vitales como educación, salud y vivienda, salariales y de empleos mediante la no cobertura de vacantes en los organismos públicos.

En lo tocante a la coalición misma, la renuncia en junio al cargo de canciller de Ernesto Talvi, como de la vida política de quien lideraba el mayoritario sector Ciudadanos del Partido Colorado, emitió temprana señal de fisuras apenas contenidas por la mediación del expresidente y promotor de la coalición Julio María Sanguinetti.

Otra fue la situación del senador líder de Cabildo Abierto, el general retirado Guido Manini que apoya al mandatario con un pulseo crítico y ataca a la justicia, y aun así el oficialismo lo salvó de un pedido fiscal de desafuero para que enfrente la justicia por ocultar información de graves delitos cometidos por un ex represor de la dictadura.

Dirigentes del Frente Amplio e integrantes de Familiares de Desaparecidos por la dictadura en Uruguay criticaron con dureza declaraciones frecuentes de Manini, de desaliento al empeño de encontrar restos de las víctimas.

En política exterior, resaltó el apoyo a la candidatura del estadounidense Mauricio Claver-Carone para presidir el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), la reelección de Luis Almagro al frente de la OEA y los fluidos contactos del canciller Francisco Bustillo con su par del Departamento de Estado, Mike Pompeo.

Desde mayo, el gobierno puso el foco en la reapertura de las actividades económicas, escuelas con presencia física, y recreativas paulatinas regidas todas por protocolos sanitarios.

Pero recurriendo solo a exhortaciones y a la repetida formulación del primer mandatario de ‘libertad responsable’, se reconocieron descuidos e incumplimientos de medidas preventivas por baja percepción ciudadana de riesgos, fiestas clandestinas y otras reuniones sociales contagiosas.

Al despuntar diciembre, Uruguay clasifica en zona amarilla de pandemia con cifras de casos positivos que rondaron o sobrepasaron el centenar y un millar de convalecientes en casi todos los 19 departamentos territoriales.

Del año que culmina merece especial destaque la celebración del centenario del más fecundo autor uruguayo, Mario Benedetti, poeta, narrador, dramaturgo, crítico y ensayista, con más de 80 libros, traducido a unos 20 idiomas.

Tomado de PL

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